Carriola.20.04.26
Un derecho que busca corregir desigualdades
Andrés Barros
Abogado laboralista
A veces se habla del derecho laboral como si fuera un conjunto de normas técnicas, lleno de conceptos complicados y respuestas difíciles. Pero su razón de ser es bastante más simple de lo que parece.
De hecho, una de las preguntas que algunos empresarios se hacen con cierta frecuencia ayuda a entenderlo bien: ¿por qué hay que pagar una indemnización cuando la relación laboral termina? Desde una lógica puramente económica, puede parecer extraño. Si el trabajo ya se prestó y ya se pagó, cuesta entender por qué el final del vínculo puede generar una compensación adicional.
La respuesta está en la propia naturaleza de la relación laboral. Empresa y trabajador no se encuentran en una posición de igualdad real. Una de las partes organiza el trabajo, da instrucciones, paga el salario y tiene poder para contratar, sancionar o despedir. La otra depende, en la mayoría de los casos, de ese salario para vivir.
No se parte de una relación equivalente
En otro tipo de relaciones jurídicas, como un contrato de alquiler o una compraventa, las partes negocian desde una posición más o menos comparable. En el trabajo, no. La persona trabajadora no solo presta servicios a cambio de un salario. También se integra en la organización de otra persona o empresa y queda sometida a unas condiciones que, en gran medida, no fija ella.
Por eso la libertad contractual, por sí sola, no basta. Si todo dependiera únicamente del acuerdo entre las partes, muchas condiciones vendrían marcadas por la necesidad del trabajador de aceptar lo que se le ofrece para poder cobrar a fin de mes. Y cuando una de las partes necesita trabajar para subsistir y la otra puede elegir entre contratar o no contratar, es evidente que no juegan con las mismas cartas.
El derecho laboral como límite al poder empresarial
El derecho laboral no nace para estorbar la actividad empresarial ni para convertir cualquier conflicto en un problema jurídico. Nace, sobre todo, para poner límites a un poder que, de otro modo, sería mucho mayor.
Esos límites se ven en cuestiones muy básicas: salario mínimo, jornada máxima, descansos, vacaciones, permisos, protección frente al despido, prevención de riesgos, negociación colectiva o derechos de representación. Nada de eso aparece por casualidad. Son mecanismos que intentan corregir, al menos en parte, una desigualdad de origen.
Dicho de forma más clara: el derecho laboral no existe porque toda empresa actúe mal, sino porque incluso en las empresas que funcionan con normalidad sigue existiendo una diferencia de poder evidente. Y cuando esa diferencia existe, la ley interviene para evitar que la parte más débil quede completamente a merced de la más fuerte.
El contrato no elimina la desigualdad
A veces se piensa que, si una persona firma un contrato, ya queda justificado todo lo que aparece en él. Pero en materia laboral esa idea no funciona así. La firma del trabajador no convierte automáticamente cualquier condición en válida o razonable.
Ahí se entiende también por qué, en algunos casos, la finalización de la relación laboral lleva aparejada una indemnización. No se trata de pagar dos veces por lo mismo ni de premiar sin más al trabajador por marcharse. Se trata de reconocer que la pérdida del empleo no afecta por igual a ambas partes. Para la empresa, extinguir un contrato es una decisión organizativa o económica. Para la persona trabajadora, puede significar quedarse de golpe sin su fuente principal de ingresos.
La indemnización cumple así una función de compensación frente a los efectos de una ruptura que, en una relación desigual, pesa mucho más sobre quien trabaja que sobre quien emplea. No elimina el perjuicio, por supuesto, pero intenta amortiguarlo. Y esa lógica solo se entiende de verdad cuando se parte de una idea básica: que en el contrato de trabajo no hay un equilibrio real de fuerzas comparable al de otros acuerdos privados.
Por eso existen normas imperativas, derechos mínimos y límites que no pueden rebajarse sin más. No porque el trabajador sea incapaz de decidir, sino porque su capacidad de decisión se mueve dentro de una relación en la que el margen real de elección no siempre es tan amplio como parece.
No se trata de enfrentar a empresa y trabajador
Entender por qué existe el derecho laboral no exige asumir que toda empresa abusa ni que toda relación de trabajo sea conflictiva. Ese no es el planteamiento. La cuestión es otra: incluso cuando no hay mala fe, la relación sigue siendo desigual.
La empresa necesita organizar su actividad y tomar decisiones. Eso es indiscutible. Pero también lo es que la persona trabajadora ocupa una posición de subordinación jurídica y, muchas veces, de dependencia económica. Y esa combinación explica que el ordenamiento no se limite a mirar desde fuera, sino que establezca reglas específicas para equilibrar la situación.
En el fondo, el derecho laboral cumple una función bastante clara. Intenta que la necesidad de trabajar no vacíe de contenido la libertad del trabajador. Intenta que quien tiene menos fuerza negociadora no quede completamente expuesto. E intenta, en definitiva, que la relación laboral sea menos desigual de lo que sería si solo mandara la lógica pura del poder y del mercado.
(*) Colaboración semanal con el Despacho Legal AMURALEX de Pontevedra.
