Carriola. 31.10.26.
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Garantista para quién?
José Iglesias
Esta semana estoy indignado. Cabreado, para qué vamos a buscar una palabra más elegante. Y no me avergüenza reconocerlo. Llevo varios días contemplando imágenes de comercios saqueados, vehículos incendiados, escaparates destrozados y agentes de las fuerzas de seguridad agredidos por grupos de individuos que parecen haber confundido la libertad con el derecho a hacer cuanto les venga en gana. Y mientras veo esas imágenes me pregunto qué demonios nos está pasando. Porque una cosa es manifestarse, protestar, reclamar derechos o expresar el más profundo desacuerdo con cualquier cosa, y otra muy distinta es aprovechar la ocasión para robar, destruir y sembrar el miedo. Lo primero es un derecho que debemos defender. Lo segundo tiene otro nombre, aunque a algunos les cueste pronunciarlo.
Pertenezco a una generación que conoció los últimos años de la Policía Armada y el nacimiento de la Policía Nacional. Cambiaron los tiempos, cambiaron los uniformes y, afortunadamente, también muchas cosas más. Recuerdo una época en la que la presencia de una pareja de la Guardia Civil imponía algo más que respeto. Recuerdo incluso que un día mi hermano cogió unas ciruelas de una rama del árbol de un vecino y poco después aparecieron dos guardias civiles en nuestra casa para asegurarse de que aquella travesura tuviese sus consecuencias. Hoy puede parecer una anécdota casi cómica, pero entonces no lo fue. Había miedo, había una autoridad que pocas veces se discutía y había también demasiadas cosas que necesitaban cambiar. No eran buenos tiempos. No pretendo recuperarlos ni añorarlos. Pero tampoco estoy dispuesto a aceptar que, para alejarnos de aquel extremo, tengamos que resignarnos al extremo contrario.
Hemos construido una sociedad de derechos y garantías, y me parece bien. Muy bien. Las garantías existen para protegernos de los abusos, para impedir que alguien sea condenado sin pruebas, para asegurar que todos recibamos un trato justo. Son una conquista que no deberíamos perder jamás. Pero esta semana, viendo las imágenes de los disturbios, no he podido evitar hacerme una pregunta: ¿garantista para quién? ¿Para el pequeño empresario que todavía está pagando el préstamo con el que abrió su negocio y contempla cómo le destrozan el escaparate? ¿Para el trabajador que deja su coche aparcado en la calle, un coche que seguirá pagando durante años aunque ahora sea un montón de hierros quemados? ¿Para el vecino que recibe un golpe por encontrarse en el lugar equivocado? ¿Para los agentes que salen de casa a cumplir con su trabajo y terminan en un hospital? Porque todos ellos también tienen derechos. Y no son derechos de segunda categoría.
No estoy pidiendo que se condene a nadie sin juicio, ni que desaparezcan las garantías legales, ni que regresemos a una época en la que bastaba la palabra de una autoridad para decidir el destino de una persona. Estoy pidiendo algo bastante más sencillo: que la libertad de unos no se convierta en la indefensión de otros. Que quien cause un daño responda por él, con las garantías debidas, pero también con consecuencias reales. Que quien roba no pueda esconder su conducta detrás de una supuesta reivindicación. Y que quien incendia el vehículo de un desconocido comprenda que no ha protagonizado una travesura juvenil, sino que ha destrozado una parte de la vida de alguien que posiblemente no tenga dinero para comprarse otro.
Y, naturalmente, cuando uno piensa que el espectáculo no puede resultar más lamentable, llega el postre. Aparecen quienes deberían contribuir a encontrar soluciones y comienza el reparto de acusaciones. Que si detrás están unos, que si beneficia a los otros, que si todo ha sido provocado, que si los violentos responden a intereses inconfesables. Incluso se lanzan sospechas sobre posibles infiltrados, como si una insinuación bastase para explicar lo ocurrido. Y yo me pregunto si alguno de ellos se ha detenido a pensar en el comerciante que mañana tendrá que levantar la persiana de un local destrozado. Porque mientras unos buscan culpables entre sus adversarios, hay personas que están recogiendo cristales del suelo. Cristales de verdad, no metáforas.
Pero hay algo que me preocupa todavía más: La edad de muchos de los participantes. Ver a muchachos, algunos prácticamente niños, involucrados en semejantes actos debería hacernos reflexionar a todos, empezando por quienes tenemos responsabilidades familiares. Y aquí voy a dirigirme especialmente a los lectores que, como yo, ya peinamos canas o hemos dejado de peinarlas por ausencia de las mismas. Imaginad que vuestro hijo o vuestro nieto os anuncia que va a participar en una convocatoria difundida por las redes sociales, en la que se anima a acudir encapuchado, con el rostro oculto y preparado para enfrentamientos. ¿Qué haríais? ¿Os limitaríais a desearle una buena tarde? Yo, desde luego, tendría una conversación muy seria con él. Y si fuese menor y estuviera bajo mi responsabilidad, haría cuanto estuviese legalmente en mi mano para impedir que participase en una situación así.
No se trata de juzgar a nadie por vestir de negro, llevar una capucha o por tener unas ideas distintas de las nuestras. Afortunadamente, la ropa no convierte a nadie en delincuente. Se trata de algo bastante más profundo: de saber dónde están los límites, de comprender que nuestros actos tienen consecuencias y de recordar que educar no consiste únicamente en proporcionar comodidades, sino también en enseñar responsabilidad. A veces me pregunto si, en nuestro afán por evitar a los jóvenes las dificultades que nosotros conocimos, no estaremos olvidando explicarles que el mundo no gira alrededor de sus deseos y que los derechos propios terminan donde comienzan los de los demás.
No tengo una solución mágica. Ojalá la tuviese. Sé que no todos los jóvenes son así, ni muchísimo menos, y me niego a que las barbaridades de unos cuantos sirvan para condenar a toda una generación. También sé que la seguridad no se consigue únicamente endureciendo castigos, sino educando, previniendo, investigando y haciendo que las instituciones funcionen. Pero hay algo que debería estar fuera de discusión: ninguna causa, ninguna bandera y ninguna reivindicación convierte en legítimo el robo, la agresión o la destrucción de lo ajeno.
Y termino con lo que verdaderamente me inquieta. No es solo lo que hemos visto esta semana, por grave que sea. Es preguntarme a dónde podemos llegar si empezamos a considerar normales estas escenas, si nos acostumbramos a que una protesta termine con coches ardiendo, si aceptamos que el miedo cambie de bando y pase a instalarse en quien simplemente quiere abrir su negocio, caminar por la calle o regresar a casa.
Viví una época en la que demasiadas personas tenían miedo de la autoridad. No quiero volver a ella. Pero tampoco quiero vivir en una sociedad en la que las personas honradas tengan miedo de quienes desprecian las normas más elementales de convivencia. Vivimos en una provincia, afortunadamente, que está lejos de hechos como esos. Cuidemos de seguir así.
Porque entre el miedo a la autoridad y el miedo al delincuente debería existir algo que llamamos libertad. Y esa libertad merece que la defendamos.
Buena semana.
